La asociación Defiéndete en Derecho presentó hace meses un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial, suscrito por 10.500 personas de todos los sectores de la sociedad civil española, solicitando el no procesamiento del Fiscal General del Estado, sin haber recibido respuesta alguna a dicho escrito.

Decíamos en nuestro escrito que: “Observamos una reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la Administración de Justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político. Nos preocupa, por ello, la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del Parlamento. Tenemos la misma sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública.”
Decíamos asimismo que nuestra Asociación no alcanzaba a comprender “cómo un secreto revelado por un obligado tributario, que mantiene un conflicto con la Administración de Hacienda y la de Justicia, y sobre el que es el primero en comunicar públicamente una supuesta negociación con la Fiscalía competente por la imputación de un delito fiscal, se transforma en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado por esa investigación.”

Hemos asistido después a un juicio mediático cuyo desenlace ha sido hecho público en una fecha cargada de simbolismo en la historia de nuestro país, simbolismo perfectamente conocido por los magistrados del Alto Tribunal (lo contrario sería suponer una impericia injustificable), habiéndose publicitado la sentencia con una inusitada celeridad —en lo que no es la práctica jurídica habitual de ese Tribunal— y sin estar redactado el contenido de la misma; anomalías todas ellas haciendo difícil de comprender en fecha tan señalada.

Cabe recordar y reiterar que, ante la denuncia espuria de un sindicato de ultraderecha, unos funcionarios de la Administración Pública y miembros del Tribunal Supremo se han mostrado alineados con los intereses políticos conservadores tras una deliberación que apenas ha durado siete días, para un asunto que ha sido calificado por todos los operadores como de una trascendencia de especial gravedad. Y, sustituyendo a la ponente prevista para la redacción de la sentencia, muestran una suerte de celebración del 50 aniversario de la muerte de un dictador.

Creemos que esta situación genera un enorme descrédito para la administración funcionarial de la Justicia. Y, por todo ello, somos conscientes de la necesidad de reaccionar ante situaciones sobrevenidas que no debemos democráticamente consentir.

El 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se proclamó en 1948 y que se vulnera tanto a escala mundial como, en este caso y otros, en España. ¿Dónde queda el “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo) y el artículo de esa declaración universal que protege la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la libertad de prensa, cuando se obvia paladinamente la declaración de periodistas sujetos a la obligación de no revelar sus fuentes de información?

Creemos respetuosamente que esos preceptos se han vulnerado y nos parece prudente exigir (también con el mayor respeto a la independencia del Poder Judicial) la inmediata dimisión de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en pleno. Precisamente para que el Poder Judicial sea eso: independiente.

Opinamos que es preceptivo, si es que la soberanía reside en el pueblo, como dicta nuestra Constitución, norma de obligado cumplimiento para todos y, especialmente, para quienes, como son los jueces, deben hacerla cumplir.

En consecuencia, llamamos a toda la ciudadanía que esté de acuerdo con nuestra proposición para que firme el apoyo público a este escrito, a fin de remitírselo al Defensor del Pueblo y al Consejo del Poder Judicial, por considerar que es presumible la vulneración de derechos constitucionales que habrán de dirimirse una vez conocida la sentencia y los votos particulares de la Sala.

La asociación Defiéndete en Derecho pide (respetuosamente) la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.